La norma, la SB 1070, comenzó a regir en medio de un debate público sobre su contenido, sobre el que ha opinado hasta el gobierno federal del presidente Barack Obama, que la cuestiona públicamente. En Phoenix, capital de Arizona, el comienzo de la jornada transcurrió en calma, según reportó la cadena estadounidense CNN.

En los últimos días se sucedieron, frente a la sede del gobierno estadual, grupos que felicitaban a las autoridades por criminalizar la inmigración ilegal y otros que consideran esta ley una invitación abierta al acoso y la discriminación racial.

Sin embargo, por decisión de la jueza distrital de Arizona, Susan Bolton, la vigencia de la norma tiene un alcance parcial, "por lo menos hasta que las cortes tengan la oportunidad de escuchar el caso completo”.

Entre las disposiciones bloqueadas figura la que obliga a la policía a determinar el estatus migratorio de toda persona detenida en la calle, presa o arrestada si hay "sospechas razonables" de que está ilegalmente en el país.

La jueza también paralizó otros artículos controversiales como el que acelera los procesos de deportación, tipifica como delito el hecho de no portar documentos, y criminaliza recoger a un indocumentado en cualquier medio de transporte.

En cambio deja vigentes otros aspectos, como el que castiga a quienes den trabajo a inmigrantes ilegales y la creación de mecanismos de reclamo en el que caso de que alguien se sienta víctima de discriminación racial.

Junto con la decisión de la jueza se renovó la esperanza de las personas que desde hace días manifiestan en el centro de Phoenix, la capital de un estado donde organizaciones de inmigrantes calculan que 70 por ciento de ellos, la mayoría jornaleros rurales, son indocumentados.

Tras conocerse la medida, la directora ejecutiva de la organización Promesa Arizona (PAZ), Petra Falcón, comentó a Télam que la comunidad latina se encuentra "muy feliz con el triunfo, con la victoria”, en referencia al fallo de Bolton.

La jueza debió decidir sobre siete demandas de organizaciones civiles e incluso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que consideró que al adoptar la legislación Arizona "cruzó el límite de lo constitucional”. Desde que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, aprobó la SB 1070 el 23 de abril, los actos de discriminación hacia la comunidad hispana comenzaron a profundizarse.

Esto llevó a que, por temor a agresiones y persecuciones, una parte de la población de origen latinoamericano comenzara a migrar hacia otros estados o hacia México, del cual Arizona es fronteriza.

"La comunidad cambió mucho”, y eso se puede ver "en los negocios cerrados, en las calles más vacías y hasta en algunas iglesias que no están tan llenas”, comentó Falcón.